Juan Perez Archibold
Sociologo, Filosofo y especialista en gobernabilidad y gerencia publica
Panamá es uno de los países con una
legislación avanzada en términos del reconocimiento de derechos de los pueblos
indígenas. Lo cual es cierto, ya que Panamá establece leyes y cartas orgánicas
para las comarcas y procedimientos de consulta a los pueblos indígenas y de
garantías de acuerdos de beneficios, en especial en proyectos de gran
envergadura, como los proyectos hidroeléctricos, mineras y otros grandes
proyectos, pero en muchas partes estas leyes son frágiles y precarios.
Sumado a eso, en 2011, la Asamblea
General de la ONU y Panamá votó a favor de la Declaración sobre los Derechos de
los Pueblos basados en tres grandes ejes: el deber del Estado de proteger, el
deber de las corporaciones de respetar y la necesidad de poner a disposición de
los afectados un amplio abanico de medidas compensatorias y de remedio.
Sin embargo, la existencia de un marco
jurídico nacional e internacional vinculante y expresado bellamente con
estándares de referencia claros no se traduce desgraciadamente para las
comunidades indígenas, en justicia. Las negociaciones con los pueblos indígenas
no solo tienen que ser justas sino legitimas socialmente y acordes con las normas
nacionales e internacionales. Ante esta contradicción, las teorías de la
justicia organizacional pueden resultar de gran utilidad para las comunidades
indígenas y para que las empresas desarrollen sus proyectos de forma más humana
dialogando y con el máximo respeto a los derechos de estas comunidades.
Mientras no se respete la seguridad
jurídica de las propiedades colectivas y comunitarias, nunca habrá paz y primaran
los intereses económicos expresados en los partidos políticos sobre los
intereses de los pueblos indígenas. Así la historia lo demuestra, los gobernantes
desde la creación de Panamá hasta nuestros días reconocen explícitamente la
supremacía del libre mercado y el espíritu de la “mano invisible”.
En las comunidades indígenas fracasan
muchos proyectos buenos y beneficiosos por la forma como se lleva la consulta
previa libre e informada, casi siempre está plagada de errores, mala fe, engaños
cometidos por todos los actores involucrados, llámese Gobierno nacional de
Panamá, expertos de las empresas y muchas veces de nuestras autoridades
tradicionales.
En este sentido, argumentar que una
comunidad cuando rechaza o realiza protestas asusta a las empresas y que la
falta de seguridad jurídica condena a Panamá a estar eternamente empobrecido,
es una gran mentira.
Finalmente, las políticas públicas, las
empresas y grandes ongs desarrollistas pecan de etnocentrismo al intentar
imponer sus propios modelos de desarrollo, basados habitualmente en los
criterios clásicos occidentales de bienestar, confundiendo modos de vida y
pobreza. Las comunidades indígenas tienen el derecho de decidir ellas mismas el
desarrollo que más les conviene.
En este sentido, los gobernantes y sus
partidos políticos tienen que decidir si quieren ocupar las estructuras gubernamentales
para enriquecerse o para construir el Estado para todos.
