Juan Perez Archibold
Sociólogo y experto en Gobernabilidad y
Gerencia Publica
La desigualdad que afecta a los pueblos
indígenas de Panamá es un problema estructural, histórico, complejo y no
consecuencia de la falta de integración de los indígenas al desarrollo desigual
de Panamá. Por el contrario, este empobrecimiento se deriva de un modelo de
integración asimétrico, desventajoso y fundado en el racismo.
Durante muchos años, los pueblos
indígenas fueron vistos, como pobres y dignos de lástima, de allí la frase
“nuestro indios”, “reducirlos a la vida civilizada” y “asimilarlos
culturalmente” y, en el peor de los casos, como obstáculo para el desarrollo y el
progreso del país.
El Estado panameño, y los sucesivos
gobiernos desde la época republicana hasta ahora, han sido incapaces de proveer
a los pueblos indígenas de las condiciones de equidad e igualdad; al contrario,
la integración, sinónimo de homogenización, derivó en un menosprecio de su
capacidad y fortaleza para definir su propio desarrollo con identidad. En
consecuencia, su visión de desarrollo con identidad no fue tomada en cuenta
para enfrentar exitosamente el desarrollo del país.
Si bien el propósito “integrador” de la
política indigenista partía del reconocimiento de la necesidad de hacer
justicia a los pueblos indígenas e implicó muchas investigaciones e
investigadores entregados y de buena voluntad, pero siempre se consideró, que
la pobreza histórica era consecuencia de que el “indio no se quería civilizar”,
además no querían dejar sus “viejas prácticas salvajes.”
La historia reciente ha mostrado que las
prácticas homogeneizadoras del Estado no es un camino viable y deseable a la
unidad con diversidad. Por el contrario, esta acción empobrece y es un potente
obstáculo para su desarrollo futuro.
Mientras el desarrollo de nuestro país
esté anclado en la política neoliberal con economía minera, hidroeléctrica, y
petrolera que enriquece a las multinacionales y a unos pocos, siempre tendremos
que enfrentar una realidad intrincada de desigualdad, explotación e
injusticia.
Los reclamos de los pueblos indígenas en
materia de impartir justicia, del reconocimiento de sus comarcas, de servicios
de infraestructura básica, de derechos políticos y sociales de
autodeterminación, no sólo son legítimos en sí mismos, sino es una deuda
histórica y crucial en la construcción consensual de un Panamá más justo y
democrático.
Por eso, el Estado panameño, debe asumir
explícita y cabalmente este renovado compromiso, con la participación
indispensable de toda la sociedad, para definir una nueva política de Estado
clara y precisa.
La relación del Estado panameño con los
pueblos indígenas en estos tiempos implica construir nuevos equilibrios
políticos que involucren a todos los actores nacionales, partidos, sociedad
civil y configurar así un nuevo pacto social que exija inclusión e
incorporación de los indígenas a las dinámicas del desarrollo nacional, pero
desde sus propias demandas y necesidades.
Sin estas premisas dichas anteriormente,
un “Ministerio de Asuntos Indígenas” está condenado a ser “bombero”, “lobby”
para los mineros y otros, y cueva de politiqueros y la implementación de las
políticas gubernamentales inconsultas y burocratizadas.
